Vulneración del derecho a la defensa en el procedimiento administrativo sancionador, implicaciones para la gobernanza local - Granda Armijos, María Jos; Pullupaxi Cofre, Mayra Paola; Caveda Teoria, Duniesky Alfonso (RECIAMUC, 2025)
En Ecuador, el procedimiento administrativo sancionador es una herramienta fundamental para garantizar el orden y la legalidad en la gestión pública, especialmente a nivel de los gobiernos autónomos descentralizados (GADs). Sin embargo, se ha identificado una preocupante vulneración del derecho a la defensa dentro de estos procesos, manifestada en la omisión de la notificación oportuna del dictamen que ccontiene los fundamentos técnicos o jurídicos que motivan la sanción, lo que pone en riesgo los principios del debido proceso y afecta directamente la legitimidad de las decisiones administrativas. La falta de notificación del dictamen o el insuficiente tiempo para poder presentar los alegatos finales, ya que en algunos gobiernos autónomos no se notifica el dictamen; o, en su defecto, si se notifica, no se otorga el tiempo necesario para ejercer el derecho de contradicción y presentarlos, generando desconfianza ciudadana y debilita la gobernanza local, al disminuir la credibilidad institucional y aumentar la conflictividad jurídica. El objetivo de este estudio es analizar las implicaciones jurídicas y administrativas de la vulneración del derecho a la defensa en los procedimientos sancionadores locales, así como proponer recomendaciones que fortalezcan el respeto a las garantías constitucionales en el ámbito municipal. La metodología empleada combina el análisis jurídico-doctrinal y el estudio de un caso documentado en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito en el año 2021. Los principales hallazgos revelan una tendencia sistemática de incumplimiento procedimental por parte del Municipio de Quito, lo cual afecta la legalidad de las sanciones impuestas y socava la gobernanza democrática. Se concluye que la defensa efectiva en sede administrativa no solo es un derecho fundamental, sino un componente clave para una administración pública legítima y transparente.