DOI: 10.26820/reciamuc/9.(3).julio.2025.19-30
URL: https://reciamuc.com/index.php/RECIAMUC/article/view/1601
EDITORIAL: Saberes del Conocimiento
REVISTA: RECIAMUC
ISSN: 2588-0748
TIPO DE INVESTIGACIÓN: Artículo de revisión
CÓDIGO UNESCO: 56 Ciencias Jurídicas y Derecho
PAGINAS: 19-30
Vulneración del derecho a la defensa en el procedimiento
administrativo sancionador, implicaciones para la
gobernanza local
Vulneration of the right to defense in administrative sanctioning procee-
dings, implications for local governance
Violação do direito à defesa em processos sancionatórios administrativos,
implicações para a governança local
María Jose Granda Armijos1; Mayra Paola Pullupaxi Cofre2; Duniesky Alfonso Caveda Teoria3
RECIBIDO: 02/03/2025 ACEPTADO: 15/05/2025 PUBLICADO: 24/07/2025
1. Abogada de Los Tribunales y Juzgados de La República del Ecuador; Licenciada en Enfermería; Universi-
dad Bolivariana del Ecuador; Duran, Ecuador; mariagra_armijos@hotmail.com; https://orcid.org/0009-0002-
8178-6609
2. Abogada; Universidad Bolivariana del Ecuador; Duran, Ecuador; mairypao25@hotmail.com; https://orcid.
org/0009-0007-1141-7089
3. Docente en la Universidad Bolivariana del Ecuador; Duran, Ecuador; dalfonsoc@ube.edu.ec; https://orcid.
org/0000-0001-7889-8066
CORRESPONDENCIA
María Jose Granda Armijos
mariagra_armijos@hotmail.com
Duran, Ecuador
© RECIAMUC; Editorial Saberes del Conocimiento, 2025
RESUMEN
En Ecuador, el procedimiento administrativo sancionador es una herramienta fundamental para garantizar el orden y la
legalidad en la gestión pública, especialmente a nivel de los gobiernos autónomos descentralizados (GADs). Sin embar-
go, se ha identificado una preocupante vulneración del derecho a la defensa dentro de estos procesos, manifestada en
la omisión de la notificación oportuna del dictamen que ccontiene los fundamentos técnicos o jurídicos que motivan la
sanción, lo que pone en riesgo los principios del debido proceso y afecta directamente la legitimidad de las decisiones
administrativas. La falta de notificación del dictamen o el insuficiente tiempo para poder presentar los alegatos finales,
ya que en algunos gobiernos autónomos no se notifica el dictamen; o, en su defecto, si se notifica, no se otorga el tiem-
po necesario para ejercer el derecho de contradicción y presentarlos, generando desconfianza ciudadana y debilita la
gobernanza local, al disminuir la credibilidad institucional y aumentar la conflictividad jurídica. El objetivo de este estudio
es analizar las implicaciones jurídicas y administrativas de la vulneración del derecho a la defensa en los procedimientos
sancionadores locales, así como proponer recomendaciones que fortalezcan el respeto a las garantías constitucionales
en el ámbito municipal. La metodología empleada combina el análisis jurídico-doctrinal y el estudio de un caso documen-
tado en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito en el año 2021. Los principales hallazgos revelan una tendencia
sistemática de incumplimiento procedimental por parte del Municipio de Quito, lo cual afecta la legalidad de las sanciones
impuestas y socava la gobernanza democrática. Se concluye que la defensa efectiva en sede administrativa no solo es un
derecho fundamental, sino un componente clave para una administración pública legítima y transparente.
Palabras clave: Derecho a la defensa, Procedimiento administrativo sancionador, Debido proceso, Gobernanza local,
Ecuador.
ABSTRACT
In Ecuador, the administrative sanctioning procedure is a fundamental tool to guarantee order and legality in public ad-
ministration, especially at the level of decentralized autonomous governments (GADs). However, a worrying violation of
the right to defense has been identified within these processes, reflected in the failure to provide timely notification of the
report containing the technical or legal grounds that justify the sanction.", which jeopardizes the principles of due process
and directly affects the legitimacy of administrative decisions. The lack of notification of the opinion or insufficient time to
be able to give the final arguments with respect to that opinion, because in some autonomous governments they are not
notified with the opinion, or if they are notified with the opinion, they do not give the time to contradict or to present them.
This situation generates citizen distrust and weakens local governance by diminishing institutional credibility and increas-
ing legal conflict. The objective of this study is to analyze the legal and administrative implications of the violation of the
right to defense in local sanctioning procedures, as well as to propose recommendations to strengthen respect for consti-
tutional guarantees at the municipal level. The methodology employed combines legal-doctrinal analysis with the study of
a documented case within the Municipality of the Metropolitan District of Quito in the year 2021. The main findings reveal
a systematic pattern of procedural non-compliance by the Municipality of Quito, which affects the legality of the sanctions
imposed and undermines democratic governance. It is concluded that effective defense in administrative proceedings is
not only a fundamental right but also a key component of a legitimate and transparent public administration.
Keywords: Right to defense, Administrative sanctioning procedure, Due process, Local governance, Ecuador.
RESUMO
No Equador, o procedimento de sanção administrativa é uma ferramenta fundamental para garantir a ordem e a legali-
dade na administração pública, especialmente ao nível dos governos autônomos descentralizados (GADs). No entanto,
foi identificada uma violação preocupante do direito à defesa dentro desses processos, refletida na falta de notificação
oportuna do relatório contendo os fundamentos técnicos ou jurídicos que justificam a sanção, o que compromete os prin-
cípios do devido processo legal e afeta diretamente a legitimidade das decisões administrativas. A falta de notificação do
parecer ou o tempo insuficiente para poder apresentar as alegações finais em relação a esse parecer, porque em alguns
governos autônomos não são notificados com o parecer, ou se são notificados com o parecer, não lhes é dado tempo para
contestar ou apresentá-las. Esta situação gera desconfiança dos cidadãos e enfraquece a governança local, diminuindo
a credibilidade institucional e aumentando o conflito jurídico. O objetivo deste estudo é analisar as implicações jurídicas
e administrativas da violação do direito de defesa nos procedimentos sancionatórios locais, bem como propor recomen-
dações para fortalecer o respeito às garantias constitucionais no âmbito municipal. A metodologia empregada combina a
análise jurídico-doutrinária com o estudo de um caso documentado no município do Distrito Metropolitano de Quito no ano
de 2021. As principais conclusões revelam um padrão sistemático de incumprimento processual por parte do município
de Quito, o que afeta a legalidade das sanções impostas e compromete a governação democrática. Conclui-se que a de-
fesa eficaz nos processos administrativos não é apenas um direito fundamental, mas também um componente essencial
de uma administração pública legítima e transparente.
Palavras-chave: Direito à defesa, Processo sancionatório administrativo, Devido processo legal, Governação local,
Equador.
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RECIAMUC VOL. 9 Nº 3 (2025)
Introducción
La vulneración del derecho a la defensa en
los procedimientos administrativos sancio-
nadores es un tema central para la legiti-
midad y eficacia de la gobernanza local. El
respeto al debido proceso y la garantía de
defensa son esenciales para proteger los
derechos de los ciudadanos y asegurar la
confianza en las instituciones públicas. La
omisión o limitación de estos derechos pue-
de tener consecuencias significativas tanto
para los individuos afectados como para la
administración pública.
Pero ¿cuáles son las formas de vulnera-
ción del derecho a la defensa?: En primer
lugar, las sanciones sin procedimiento pre-
vio: Algunas normativas permiten imponer
sanciones, como la amonestación, sin con-
vocar a un procedimiento formal, lo que im-
plica la ausencia de audiencia y defensa,
contradiciendo principios constituciona-
les de debido proceso y audiencia previa
(Suárez, 2017). En segundo lugar, los pro-
cedimientos acelerados: Procesos directos
y expeditos, como en materia de tránsito,
pueden acortar plazos y omitir fases proce-
sales, dificultando que el presunto infractor
prepare una defensa adecuada (Cando &
Morales, 2023). El tercer puesto lo ocupa
el tratamiento desigual: Existen diferencias
en las garantías procesales entre sanciones
impuestas por autoridades administrativas
y judiciales, lo que puede limitar el acceso
a recursos y la posibilidad de defensa para
ciertos sujetos (Torres & Lucía, 2019).
De igual forma ¿Cuáles son las implicacio-
nes para la gobernanza local?: La legitimi-
dad institucional se ve afectada pues la falta
de garantías de defensa debilita la legitimi-
dad de las decisiones administrativas y pue-
de generar desconfianza ciudadana hacia
las autoridades locales (Suárez, 2017; Torres
& Lucía, 2019). Similarmente la responsabi-
lidad patrimonial es otro factor cuando se
vulnera el derecho a la defensa y se anulan
sanciones, la administración puede enfren-
tar obligaciones de reparación y respon-
VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA DEFENSA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR,
IMPLICACIONES PARA LA GOBERNANZA LOCAL
sabilidad patrimonial, afectando recursos
públicos (Torres & Lucía, 2019). La otra impli-
cación es un desbalance de cargas proce-
sales cuando se produce un trato desigual
entre distintos regímenes sancionadores, se
rompe el equilibrio entre los sujetos discipli-
nados, afectando la percepción de justicia e
igualdad (Torres & Lucía, 2019).
Las propuestas y desafíos para garantizar el
derecho a la defensa como mejoras institu-
cionales, entre otras se recomienda informar
adecuadamente sobre el derecho a contar
con defensa legal, facilitar la presentación
de pruebas y garantizar la transparencia en
la comunicación de motivos y pruebas de
la sanción (Kim, 2023). También es necesa-
rio revisar y armonizar las normativas para
asegurar que todas las sanciones adminis-
trativas respeten los principios de audiencia
y defensa, independientemente de la autori-
dad que las imponga (Suárez, 2017; Torres
& Lucía, 2019; Kim, 2023). La vulneración
del derecho a la defensa en procedimientos
administrativos sancionadores afecta nega-
tivamente la legitimidad, equidad y eficacia
de la gobernanza local. Garantizar el debi-
do proceso y la defensa efectiva es funda-
mental para proteger derechos, evitar res-
ponsabilidades patrimoniales y fortalecer la
confianza en las instituciones públicas.
En el marco del Estado constitucional de
derechos y justicia que rige en el Ecuador
desde la promulgación de la Constitución
de 2008, el procedimiento administrativo
sancionador se configura como una ma-
nifestación del “ius puniendi” del Estado
ejercido por la administración pública. Este
procedimiento, regulado principalmente en
el Código Orgánico Administrativo (COA),
permite a las entidades públicas imponer
sanciones por infracciones administrativas,
garantizando —al menos en teoría— el res-
peto a las garantías del debido proceso, en-
tre ellas, el derecho a la defensa.
De esta manera el derecho a la defensa
constituye un pilar esencial del debido pro-
ceso, al asegurar que todo administrado
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tenga la oportunidad efectiva de conocer las
imputaciones formuladas en su contra, pre-
sentar pruebas, ser oído por una autoridad
competente y recurrir decisiones adversas.
Estas garantías no solo son de observancia
obligatoria en el ámbito judicial, sino tam-
bién en toda actuación administrativa que
pueda afectar derechos de los ciudadanos.
No obstante, en el ámbito de los gobiernos
autónomos descentralizados (GADs), se
han evidenciado reiteradas prácticas admi-
nistrativas que vulneran el derecho a la de-
fensa. Entre ellas destacan: notificaciones
deficientes, omisión del otorgamiento de au-
diencia, ausencia de motivación suficiente
en los actos administrativos sancionadores
y falta de acceso a asesoría legal para los
administrados. Estas omisiones procesales
no solo afectan derechos individuales, sino
que también comprometen la legitimidad
de la gestión pública local, erosionando la
confianza ciudadana y debilitando la go-
bernanza institucional (Ostavciuc, 2023).
En este contexto, la presente investigación
tiene como objetivo analizar la posible vul-
neración del derecho a la defensa en el
procedimiento administrativo sancionador
ejecutado por el Municipio de Quito en el
año 2021, así como identificar sus implica-
ciones jurídicas, sociales y políticas para
la gobernanza local en la ciudad de Quito.
Se propone, además, realizar una revisión
crítica del marco normativo vigente, de la
práctica administrativa y de la jurispruden-
cia aplicable, con miras a proponer mejoras
que fortalezcan el respeto a los principios
constitucionales en la función administrati-
va. A partir de este propósito, se plantean
las siguientes preguntas de investigación:
• ¿De qué manera se vulnera el derecho
a la defensa en los procedimientos san-
cionadores a nivel local?
• ¿Qué efectos tiene esta situación sobre
la legitimidad y eficacia de la gobernan-
za local?
Como hipótesis central, se sostiene que la
vulneración sistemática del derecho a la de-
fensa en los procedimientos administrativos
sancionadores ejecutados por el Municipio
de Quito no responde a debilidades insti-
tucionales, vacíos normativos y una cultura
administrativa carente de formación jurídi-
ca, lo que repercute negativamente en la le-
galidad de las decisiones y en la confianza
ciudadana en el gobierno local.
Marco teórico y doctrinal
El derecho a la defensa en el Estado
constitucional de derechos
El derecho a la defensa es un pilar funda-
mental en el Estado constitucional de de-
rechos, garantizando que toda persona
pueda proteger sus derechos y libertades
frente a acciones del Estado o de terceros.
Este derecho es considerado esencial para
la justicia, la igualdad de armas y el debido
proceso en cualquier sociedad democrá-
tica. El derecho a la defensa implica que
toda persona tiene la posibilidad de ser es-
cuchada en un proceso legal justo, público
y ante un tribunal independiente e impar-
cial, con tiempo razonable para preparar su
defensa y acceso a un abogado, incluso de
oficio si no cuenta con recursos suficientes.
Este derecho abarca tanto la defensa frente
a acusaciones penales como la protección
de derechos civiles y administrativos, y se
extiende a la posibilidad de recurrir a ins-
tancias constitucionales cuando se vulne-
ran derechos fundamentales (Sava, 2024;
Yi, 2023; Nikulenko & Smirnov, 2024).
El derecho a la defensa está vinculado al
principio de proporcionalidad, que exige
que cualquier restricción a los derechos
constitucionales sea equilibrada y justifica-
da, evitando excesos o deficiencias en la
protección de los derechos. Es indivisible
e inviolable, y constituye la base del orden
jurídico en un Estado de derecho, obligan-
do a las autoridades a respetar y garantizar
su ejercicio efectivo (Sava, 2024; Yi, 2023).
El ejercicio del derecho a la defensa debe
ser real y no obstaculizado, asegurando
igualdad de condiciones entre las partes,
acceso a pruebas y materiales del proceso,
GRANDA ARMIJOS, M. J., PULLUPAXI COFRE, M. P., & CAVEDA TEORIA, D. A.
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RECIAMUC VOL. 9 Nº 3 (2025)
y la oportunidad de presentar argumentos y
pruebas en su favor (Sava, 2024; Nikulenko
& Smirnov, 2024; Omar & Elsagheer, 2022).
El derecho a la defensa es un derecho fun-
damental multifacético que abarca tanto la
representación legal en procesos como el
concepto más amplio de autodefensa. Es
esencial para garantizar la justicia y prote-
ger las libertades individuales, permitien-
do a las personas impugnar acusaciones
y defender sus derechos contra infraccio-
nes. En el ámbito penal, la representación
legal constituye un elemento fundamental
del derecho a la defensa, ya que asegura la
equidad en los procesos judiciales. La fal-
ta de cumplimiento de este derecho puede
resultar en sanciones procesales, socavan-
do así la integridad del sistema judicial. Por
esta razón, tanto las legislaciones naciona-
les como las normas internacionales exigen
que los Estados garanticen efectivamente
este derecho como base esencial para la
justicia en las sociedades democráticas
(Ostavciuc, 2023).
Por otra parte, la autodefensa también for-
ma parte del derecho constitucional en
muchas jurisdicciones. Diversas constitu-
ciones estatales reconocen explícitamente
el derecho a la legítima defensa como un
derecho inherente e inalienable. Este reco-
nocimiento influye directamente en las inter-
pretaciones judiciales respecto a los límites
de la legítima defensa y las doctrinas lega-
les asociadas (Volokh, 2007). Asimismo,
este concepto está estrechamente relacio-
nado con derechos constitucionales más
amplios, como los consagrados en la Se-
gunda y la Novena Enmiendas de la Consti-
tución de los Estados Unidos, lo que refleja
su papel fundamental en el constitucionalis-
mo estadounidense (Johnson, 2006).
No obstante, aunque el derecho a la defensa
es esencial para salvaguardar las libertades
individuales, también debe considerarse la
posibilidad de que se haga un uso indebi-
do o excesivo de la legítima defensa. Estas
situaciones pueden complicar tanto las inter-
pretaciones legales como las normas socia-
les vinculadas a la violencia y la seguridad
personal, desafiando así el equilibrio entre
derechos individuales y orden público.
El Estado ecuatoriano, desde la Consti-
tución de Montecristi de 2008, se define
como un Estado constitucional de derechos
y justicia, lo que implica que toda actuación
estatal debe respetar y garantizar los dere-
chos fundamentales de los ciudadanos. En
este marco, el derecho a la defensa se erige
como uno de los pilares esenciales del de-
bido proceso. El artículo 76 de la Constitu-
ción de la República del Ecuador establece
que en todo procedimiento administrativo o
judicial que pueda derivar en la afectación
de derechos o intereses legítimos, se debe-
rá garantizar al ciudadano una serie de ga-
rantías mínimas, entre ellas: ser informado
de los cargos, tener acceso a la prueba, a
la contradicción, a la asistencia jurídica y a
impugnar decisiones (Asamblea Nacional
del Ecuador, 2008). Esta disposición cons-
titucional tiene eficacia directa y obliga a
todas las autoridades públicas a garantizar
procesos justos, transparentes y respetuo-
sos de las garantías del administrado.
En el plano internacional, el artículo 8 de
la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (CADH) y el artículo 14 del Pac-
to Internacional de Derechos Civiles y Po-
líticos (PIDCP) reconocen el derecho a ser
oído por un juez o tribunal competente, in-
dependiente e imparcial, con las debidas
garantías y dentro de un plazo razonable.
Aunque ambos artículos están orientados al
proceso penal, la jurisprudencia interame-
ricana ha establecido que estos principios
son también aplicables al ámbito adminis-
trativo sancionador, especialmente cuando
se imponen sanciones que afectan dere-
chos (Corte IDH, 2006). En consecuencia,
el debido proceso administrativo exige el
cumplimiento de los principios de legali-
dad, presunción de inocencia, motivación,
tipicidad, proporcionalidad y doble instan-
cia, además del respeto irrestricto al dere-
cho a la defensa (López, 2021). La adminis-
VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA DEFENSA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR,
IMPLICACIONES PARA LA GOBERNANZA LOCAL
24 RECIAMUC VOL. 9 Nº 3 (2025)
tración pública, en ejercicio de su potestad
sancionadora, debe actuar con objetividad
e imparcialidad, asegurando condiciones
equitativas para el administrado.
El procedimiento administrativo sancio-
nador
El procedimiento administrativo sancionador
es un mecanismo a través del cual la admi-
nistración pública ejerce su poder punitivo
para sancionar conductas consideradas in-
fracciones administrativas. Su naturaleza es
sustancialmente garantista, ya que, aunque
no se trata de un proceso penal, comparte
con este la posibilidad de imponer sancio-
nes que afectan derechos fundamentales
como la libertad, la propiedad o el trabajo
(Rivero, 2020). Según el Código Orgánico
Administrativo (COA), este procedimiento
debe respetar las fases de iniciación, ins-
trucción, prueba, audiencia, decisión mo-
tivada y notificación. La norma exige que
toda decisión sancionadora se fundamente
en normas previamente establecidas, sea
proporcional a la infracción cometida, y que
el administrado tenga la oportunidad de
presentar su defensa (Asamblea Nacional
del Ecuador, 2017, arts. 213-233).
La Corte Constitucional del Ecuador ha de-
sarrollado jurisprudencia significativa sobre
este tema. En la Sentencia No. 002-17-SIN-
CC, el tribunal estableció que las garantías
del debido proceso deben aplicarse en su
totalidad en los procedimientos administrati-
vos sancionadores. Asimismo, en la Senten-
cia No. 0062-2010, se determinó que se vul-
neró el derecho a la defensa al no haberse
probado de forma fehaciente la notificación
al inculpado por lo que se declaró la nulidad
del procedimiento sancionador. En la misma
línea, la Sentencia No. 1298-17-EP/21 señaló
tres condiciones recurrentes sobre la falta de
notificación que causa violación al derecho
la defensa del inculpado; que no se haya no-
tificado o se haya notificado de manera erró-
nea a los medios señalados por el adminis-
trado, que no se haya notificado actuaciones
relevantes dentro del procedimiento, que por
la falta de notificación se haya disminuido las
posibilidades de presentar argumentos en
su favor. (Moreta, 2023)
El Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social (CPCCS) también ha aborda-
do el tema en sus informes y resoluciones,
exigiendo mayor transparencia y garantías
en los procesos disciplinarios internos y
externos. Por su parte, las sentencias del
Tribunal Contencioso Administrativo han re-
iterado la nulidad de actos administrativos
emitidos sin las formalidades establecidas
en el COA, especialmente cuando se vulne-
ra el derecho a la defensa (Villacís, 2022).
Gobernanza local y legalidad administra-
tiva
La gobernanza local puede entenderse
como el conjunto de prácticas, institucio-
nes y procesos a través de los cuales los
gobiernos locales ejercen su autoridad, to-
man decisiones y rinden cuentas a la ciu-
dadanía. Se trata de un modelo de gestión
pública centrado en la participación, la
transparencia y el respeto a los derechos
(Pineda, 2020). En este contexto, la legali-
dad administrativa constituye una condición
indispensable para el ejercicio legítimo del
poder público. La administración municipal,
al imponer sanciones o dictar actos que
afectan a los ciudadanos, debe sujetarse
estrictamente al ordenamiento jurídico. De
acuerdo con el artículo 226 de la Constitu-
ción, las instituciones del Estado solo pue-
den actuar dentro del marco de sus compe-
tencias y conforme a la ley. La legitimidad
institucional se construye cuando los ciuda-
danos perciben que las decisiones públicas
son adoptadas con apego a la legalidad y
a los principios de justicia. Por el contrario,
cuando se vulneran derechos fundamenta-
les como el derecho a la defensa, se produ-
ce una erosión de la confianza ciudadana y
un debilitamiento de la gobernabilidad de-
mocrática (Sánchez, 2019).
La relación entre gobernanza y derechos
fundamentales es directa: una gestión pú-
blica respetuosa del debido proceso forta-
GRANDA ARMIJOS, M. J., PULLUPAXI COFRE, M. P., & CAVEDA TEORIA, D. A.
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lece el Estado de derecho, previene abusos
de poder y promueve la paz social. Así, ga-
rantizar el derecho a la defensa en el pro-
cedimiento administrativo sancionador no
solo es una exigencia constitucional, sino
un imperativo para consolidar la confianza
ciudadana en los gobiernos locales y en el
sistema democrático (Pazmiño, 2021).
Metodología
Este estudio, en primer lugar, se enmarca
dentro de un enfoque cualitativo, adoptan-
do un diseño jurídico-analítico y socio-jurídi-
co. Con este abordaje, se busca compren-
der e interpretar las implicaciones jurídicas
y sociales que se derivan directamente de
la vulneración del derecho a la defensa,
particularmente en el contexto específico
del procedimiento administrativo sanciona-
dor que se desarrolla en el ámbito local en
la ciudad de Quito. Para llevar a cabo este
análisis, se recurrió a diversas fuentes de
información de suma importancia.
Entre estas fuentes, se encuentran, por un
lado, las fuentes doctrinarias, que abarcan
una amplia gama de literatura académica
y jurídica especializada en áreas cruciales
como el derecho administrativo, el debido
proceso y la gobernanza. Por otro lado, se
consideró la normativa nacional aplicable,
siendo la principal de ellas la Constitución
de la República del Ecuador, seguida del
Código Orgánico Administrativo (COA) y
otras disposiciones sectoriales que regu-
lan de manera específica el accionar de
los Gobiernos Autónomos Descentralizados
(GADs). Adicionalmente, se examinaron
instrumentos internacionales de derechos
humanos, tales como la Convención Ame-
ricana sobre Derechos Humanos y el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políti-
cos, los cuales establecen estándares fun-
damentales en materia de derechos.
Se revisó un expediente administrativo san-
cionador sustanciado por parte del Municipio
de Quito, documentos que registran y eviden-
cian vulneraciones al derecho a la defensa en
diversos procesos administrativos locales.
En lo concerniente al criterio de selección
del caso, se identificó específicamente un
proceso administrativo sancionador que fue
sustanciado en la ciudad de Quito por parte
del Municipio por incumplimiento a la Orde-
nanza Metropolitana. La característica fun-
damental en este caso radica en que dentro
del procedimiento no notificó con el dicta-
men al presunto infractor con lo cual se vio
afectado por presunta vulneración del dere-
cho a la defensa. La selección del caso en
particular se fundamentó en su relevancia
para la investigación, la disponibilidad de la
documentación necesaria para su análisis y
su valor ilustrativo de prácticas que se pre-
sentan de manera recurrente en la adminis-
tración local.
En cuanto al procedimiento de análisis pro-
piamente dicho, este comprendió, en pri-
mer lugar, una interpretación sistemática
de las normas tanto constitucionales como
administrativas, con la finalidad de estable-
cer de manera clara el marco de garantías
que resulta aplicable en este contexto. En
segundo lugar, se llevó a cabo un análisis
crítico y exhaustivo de las sentencias selec-
cionadas, poniendo especial atención en la
identificación de los argumentos jurídicos
que se consideraron relevantes, los crite-
rios jurisprudenciales que se han reiterado
a lo largo del tiempo y los estándares de
motivación y defensa que se han estable-
cido. Finalmente, se realizó un análisis de
contenido detallado de un expediente de
procedimiento administrativo sancionador,
procediendo a la codificación de las res-
puestas obtenidas para poder identificar
patrones comunes y, a su vez, las divergen-
cias que pudieran existir en la percepción
de la legalidad administrativa y el respeto al
debido proceso. En definitiva, este enfoque
metodológico integral permite una articula-
ción efectiva entre el análisis estrictamente
jurídico y una perspectiva contextual que
considera de manera crucial las dinámicas
institucionales propias del gobierno local
y los efectos que estas dinámicas pueden
generar en la legitimidad de la gobernanza.
VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA DEFENSA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR,
IMPLICACIONES PARA LA GOBERNANZA LOCAL
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Resultados / Análisis
Casuística: ejemplo de vulneración en el
procedimiento administrativo sancionador
GADDMQ-AMC-DMIT-ZQ-2021-52 en contra
de Gutiérrez González Edwin Patricio
El expediente GADDMQ-AMC-DMIT-
ZQ-2021-52 fue iniciado en contra del pre-
sunto infractor Gutiérrez González Edwin
Patricio, por el incumplimiento de lo deter-
minado en el Código Municipal para el Dis-
trito Metropolitano de Quito, Libro III.6 de las
Licencias Metropolitanas, Título V, Capítulo
VI, en su Art III.6.23, no contar con Licencia
única de actividades económicas, el acto
de inicio de procedimiento administrativo
sancionador fue notificado en flagrancia.
No obstante; dentro del procedimiento, se ha
vulnerado el derecho a la legitima defensa
del inculpado, en razón de que, si bien se ha
notificado al presunto infractor con la provi-
dencia de cierre en etapa de instrucción, no
se ha procedido a notificar con él, el dicta-
men emitido por la autoridad metropolitana
que ha sustanciado el procedimiento en esta
etapa, lo que constituye una vulneración di-
recta al derecho a la legitima defensa. Pues-
to que este derecho implica que el inculpado
cuente con el conocimiento de forma oportu-
na de las actuaciones procesales, incluyen-
do el dictamen, el cual sirve de base paran
imponer una posible sanción, en este caso el
administrado no ha tenido la oportunidad de
presentar sus argumentos finales lo que lo
ha dejado en estado de indefensión.
Además de que; el procedimiento debe
cumplir con la publicidad de los actos, en
este caso al mantener la reserva del dicta-
men y no poner en conocimiento del incul-
pado, se transgrede también el principio de
transparencia, con lo cual se vería afectada
la legitimidad de la sanción impuesta.
La notificación es preponderante para que
el afectado pueda ejercer sus derechos,
aplicar otros recursos administrativos o ju-
diciales, lo que configura una afectación al
derecho de la tutela judicial efectiva.
El problema jurídico es: ¿La administración
pública actuó conforme a derecho al abste-
nerse de notificar el dictamen?
Normas aplicables:
Constitución de la República del Ecuador: Art.
76 numerales 1,6,7 literal a,b,c,d,h. Art. 226:
Principio de legalidad en la actuación de las
entidades del Estado. Art. 227: Principio de
eficiencia, eficacia, calidad, jerarquía, des-
concentración, coordinación, participación,
planificación, transparencia y evaluación.
Código Orgánico Administrativo (COA):
Art.: 14.- Principio de juridicidad. Art. 18.-
Principio de interdicción de la arbitrariedad.
Art. 22.- Principios de seguridad jurídica y
confianza legítima. Art. 33.-Debido proce-
dimiento administrativo. Art. 196.-Regla de
contradicción. Art 251 regula el contenido
mínimo que debe contener el acto adminis-
trativo de inicio. Art. 162.-Suspensión del
cómputo de plazos y términos en el proce-
dimiento, numeral1.
Conclusión jurídica
La falta de notificación del dictamen en el
procedimiento administrativo sancionador ini-
ciado dentro del expediente GADDMQ-AMC-
DMIT-ZQ-2021-52 en contra de Gutiérrez
González Edwin Patricio, vulnera claramen-
te el derecho a la defensa del administrado,
pues le impide conocer, controvertir o res-
ponder adecuadamente a las imputaciones
realizadas en su contra, considerando que el
dictamen contiene los fundamentos técnicos
y jurídicos que motivan la sanción.
En definitiva, esta omisión en la notifica-
ción del dictamen en el procedimiento ad-
ministrativo sancionador no solo vulnera
derechos individuales, sino que tienen im-
plicación directa con la credibilidad de la
legalidad de la gobernanza local.
El análisis del presente caso revela que
existen casos concretos de vulneración
del derecho a la defensa en procesos ad-
ministrativos sancionadores tramitados por
el Municipio del Distrito Metropolitano de
GRANDA ARMIJOS, M. J., PULLUPAXI COFRE, M. P., & CAVEDA TEORIA, D. A.
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Quito. En este contexto; si si el Municipio
de Quito no respetan el debido proceso, ni
garantiza los derechos básicos como la no-
tificación del dictamen, se genera una per-
cepción de que actúa de forma arbitraria,
lo que erosiona la confianza ciudadana en
la institución responsable de la gobernanza
local, afectando su legitimidad democrática
y generando incertidumbre jurídica
Impactos en la gobernanza local
Las vulneraciones al derecho a la defensa
en los procedimientos administrativos san-
cionadores a nivel local generan impactos
negativos significativos en la gobernanza.
En primer lugar, se observa una clara pérdi-
da de legitimidad de las decisiones sancio-
nadoras emitidas por el Municipio de Quito.
Cuando los ciudadanos perciben que sus
derechos no han sido respetados durante
el proceso, la validez y la aceptación de
las sanciones impuestas se ven seriamente
comprometidas. En segundo lugar, se cons-
tata un aumento de la litigiosidad. Los admi-
nistrados que consideran que su derecho
a la defensa ha sido vulnerado recurren a
la vía judicial, interponiendo recursos y de-
mandas contencioso-administrativas, lo que
genera una carga adicional para el sistema
judicial y para el propio Municipio de Quito
en términos de tiempo y recursos. Finalmen-
te, estas prácticas debilitan el control social
y el principio de legalidad. Un sistema ad-
ministrativo sancionador que no garantiza el
derecho a la defensa mina la confianza de
la ciudadanía en la institución local y en su
capacidad para actuar de acuerdo con la
ley. Esto puede generar un clima de des-
confianza y percibirse como arbitrariedad,
erosionando las bases de una gobernanza
democrática y transparente.
Evaluación del marco normativo vigente
La evaluación del marco normativo vigente,
principalmente el Código Orgánico Admi-
nistrativo (COA) y otras normas relevantes,
revela tanto fortalezas como vacíos legales
en relación con la garantía del derecho a la
defensa en el ámbito del gobierno autóno-
mo descentralizado. Entre las fortalezas, se
destaca la consagración del debido proce-
so y el derecho a la defensa como princi-
pios fundamentales de la actividad adminis-
trativa. Sin embargo, se identificaron vacíos
o áreas grises en la aplicación práctica de
estas garantías a nivel local. Por ejemplo,
las claridades en los mecanismos emplea-
dos para garantizar la defensa técnica po-
drían ser fortalecidos.
Ante estos hallazgos, se evidencia la necesi-
dad de reformas o mejoras en la capacitación
institucional. Es crucial que los funcionarios
del Municipio de Quito adquieran un conoci-
miento profundo y actualizado de la normati-
va aplicable en materia de debido proceso y
derecho a la defensa. Asimismo, se requie-
re fortalecer los mecanismos internos para
asegurar el cumplimiento de estas garantías
en cada etapa del procedimiento sanciona-
dor. Esto podría incluir una reforma a la Or-
denanza Metropolitana vigente en la cual se
establezca de manera específica los tiempos
otorgados a la parte administrada para dar
sus alegatos finales dentro del procedimien-
to administrativo, con lo que se garantizaría el
debido procedimiento y el derecho a la con-
tradicción de la parte administrada.
Discusión de los resultados
La interpretación crítica de los resultados ob-
tenidos en este estudio revela una preocupan-
te desconexión entre los postulados teóricos
del debido proceso y el derecho a la defensa,
ampliamente reconocidos en la doctrina y la
normativa, y la realidad práctica observada
en la administración pública local. Los casos
documentados del proceso administrativo
sancionador, con falta de notificación del dic-
tamen, no solo contraviene los principios fun-
damentales del derecho administrativo, sino
que también evidencia una falta de interna-
lización de las garantías constitucionales en
el ejercicio de la potestad sancionadora por
parte del Municipio de Quito. Estos hallazgos
sugieren que, a pesar de la existencia de un
marco normativo que consagra el derecho a
la defensa, su aplicación efectiva se ve obs-
VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA DEFENSA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR,
IMPLICACIONES PARA LA GOBERNANZA LOCAL
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taculizada por deficiencias institucionales y,
posiblemente, por una comprensión limitada
de su alcance y trascendencia.
Al comparar brevemente estos resultados con
la doctrina en contextos latinoamericanos, se
observa que la tensión entre la eficacia admi-
nistrativa y las garantías constitucionales no
es exclusiva de Ecuador. Diversos estudios
en la región han documentado desafíos si-
milares en la implementación efectiva del de-
bido proceso en procedimientos administra-
tivos locales, donde la urgencia por resolver
y la falta de recursos o capacitación pueden
llevar a la flexibilización o el menoscabo de
los derechos de los administrados (López,
2021). Sin embargo, la especificidad de cada
ordenamiento jurídico y la diversidad de las
estructuras administrativas locales requieren
análisis contextualizados para comprender la
magnitud y las particularidades de estas vul-
neraciones en cada país.
La tensión entre la búsqueda de la eficacia
administrativa y la plena garantía de los de-
rechos constitucionales, en particular el de-
recho a la defensa, se erige como un eje cen-
tral de la discusión. Si bien la administración
pública local tiene la legítima necesidad de
ejercer sus funciones de manera eficiente y
oportuna, esta eficiencia no puede alcanzar-
se a expensas de los derechos fundamenta-
les de los ciudadanos. Los resultados sugie-
ren que, en algunos casos, la priorización de
la celeridad procesal o la falta de recursos
se traducen en prácticas que vulneran el de-
recho a la defensa, generando a largo plazo
una pérdida de legitimidad y un aumento de
la conflictividad. Encontrar un equilibrio en-
tre la eficacia y la garantía de los derechos
requiere un compromiso institucional firme y
la implementación de mecanismos que ase-
guren que ambos objetivos se persigan de
manera simultánea y armónica.
A la luz de los resultados y la discusión pre-
cedente, se proponen las siguientes reco-
mendaciones para fortalecer el respeto al
derecho a la defensa en la administración
pública local ecuatoriano:
Desarrollar e implementar programas de
capacitación continua y especializada diri-
gidos a funcionarios del Municipio de Quito
en materia de debido proceso, derecho a la
defensa y normativa administrativa sancio-
nadora. Estos programas deben enfatizar la
importancia de las garantías constituciona-
les y proporcionar herramientas prácticas
para su aplicación efectiva.
Revisar; y, de ser necesario, reformar la
normativa local para especificar de mane-
ra clara los procedimientos sancionadores,
detallando las etapas en las que se garanti-
za el derecho a la defensa, los plazos y las
formas de notificación adecuadas.
Fortalecer los mecanismos de control inter-
no y externo para supervisar el cumplimien-
to del debido proceso en los procedimien-
tos administrativos sancionadores.
Esto podría incluir la creación de unidades
especializadas en la defensa de los dere-
chos de los administrados o la promoción
de la rendición de cuentas por parte de los
funcionarios.
Promover la transparencia y el acceso a la
información sobre los procedimientos admi-
nistrativos sancionadores, facilitando que
los ciudadanos conozcan sus derechos y
las vías para ejercerlos. Esto podría incluir
las publicaciones como guías informativas,
la implementación de plataformas digitales
accesibles y la difusión de información rele-
vante a través de diversos canales.
Considerar la implementación de meca-
nismos de defensa pública administrativa
a nivel local, que garanticen el acceso a
asesoría jurídica gratuita para aquellos ciu-
dadanos que no puedan costearla, asegu-
rando así la igualdad de armas en los pro-
cedimientos sancionadores.
Conclusiones
La presente investigación permitió eviden-
ciar la existencia de vulneración al derecho
a la defensa en el procedimiento adminis-
trativo sancionador ejecutado por el Muni-
GRANDA ARMIJOS, M. J., PULLUPAXI COFRE, M. P., & CAVEDA TEORIA, D. A.
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cipio del Distrito Metropolitano de Quito. El
principal hallazgo se destaca por la falta
de notificación del dictamen. Esta situación
refleja que existen profundas debilidades
institucionales, vinculadas tanto a la falta
de formación jurídica como a vacíos nor-
mativos y operativos. Como resultado, se
generan consecuencias significativas para
la gobernanza local, tales como la pérdida
de legitimidad de las decisiones adminis-
trativas, el incremento de la conflictividad
judicial y el debilitamiento del control social.
Desde una perspectiva jurídica, se conclu-
ye que garantizar mecanismos efectivos de
defensa en el procedimiento sancionador
no solo constituye una exigencia constitu-
cional, sino también un imperativo demo-
crático para consolidar una administración
pública legítima, transparente y respetuosa
de los derechos fundamentales. El derecho
a la defensa debe ser reconocido y aplica-
do en todas sus dimensiones; en el contex-
to especifico del tema de análisis, con la
notificación oportuna del dictamen.
La inexistencia o deficiencia de estas ga-
rantías afecta directamente la validez de las
sanciones impuestas y debilita la seguridad
jurídica y la confianza institucional.
Frente a este panorama, se proponen tres
líneas de acción concretas. En primer lugar,
es necesario emprender reformas normati-
vas que armonicen y detallen los procedi-
mientos sancionadores locales, aseguran-
do la inclusión expresa de garantías como
el derecho a la contradicción y la motivación
suficiente de los actos. En segundo lugar, se
requiere implementar programas de forma-
ción técnica continua para los funcionarios
públicos del Municipio de Quito, con énfasis
en el debido proceso, derechos humanos
y prácticas administrativas garantistas. Fi-
nalmente, se recomienda establecer meca-
nismos de auditoría y supervisión interna y
externa sobre los procesos sancionadores,
con el fin de evaluar el cumplimiento de las
garantías constitucionales y prevenir futuras
vulneraciones. Estas acciones, en conjunto,
permitirán fortalecer la gobernanza demo-
crática y el respeto al Estado de derecho en
el ámbito local.
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CITAR ESTE ARTICULO:
Granda Armijos, M. J., Pullupaxi Cofre, M. P., & Caveda Teoria, D. A.
(2025). Vulneración del derecho a la defensa en el procedimiento
administrativo sancionador, implicaciones para la gobernanza local.
RECIAMUC, 9(3), 19-30. https://doi.org/10.26820/reciamuc/9.(3).ju-
lio.2025.19-30
GRANDA ARMIJOS, M. J., PULLUPAXI COFRE, M. P., & CAVEDA TEORIA, D. A.
